En Honduras, diversas diputadas pertenecientes a distintos partidos han hecho públicas denuncias sobre una serie de malos tratos, insultos y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones ponen de manifiesto un entorno hostil donde las legisladoras son objeto de intimidación y desvalorización debido a su condición femenina, más aún cuando expresan opiniones críticas o intervienen en los debates parlamentarios. Estas situaciones han provocado una discusión sobre el respeto e igualdad en los espacios de poder, resaltando la continuidad de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el recinto legislativo.
Los informes también indican que estas acciones se han agravado en el contexto de debates controvertidos, como aquellos sobre la Ley de Justicia Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las instancias del Congreso no habrían impuesto castigos disciplinarios a los culpables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han reportado que en el Congreso Nacional se presentan comportamientos que abarcan desde insultos verbales hasta intentos de agresiones físicas, lo cual evidencia un patrón de violencia política basada en género. Este problema impacta negativamente en la participación completa y eficaz de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política hacia las mujeres se observa principalmente en periodos de fuerte debate, cuando las representantes adoptan posturas críticas contra el gobierno. Esta condición no solo afecta los derechos de las legisladoras, sino que también amenaza la calidad democrática, al restringir la diversidad de voces y perspectivas en el proceso de toma de decisiones. La falta de protocolos concretos para abordar estos casos en el Congreso perpetúa este problema.
Respaldo social e institucional y demandas de las diputadas
Diferentes áreas de la sociedad civil, en colaboración con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han manifestado su respaldo a las diputadas involucradas y han pedido al Estado hondureño que asegure condiciones de igualdad y protección para todas las legisladoras. Estas organizaciones han enfatizado la urgencia de aplicar medidas disciplinarias rápidas contra aquellos que perpetúan actos de violencia política, así como desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas circunstancias en el entorno legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán esforzándose para ser atendidas y valoradas, subrayando que su papel es representar al pueblo y no ser blanco de hostigamiento o abuso. Entre sus reclamaciones está el desarrollo de medidas concretas para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento total de su labor legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas vitales para robustecer la democracia y asegurar la participación equitativa de las mujeres en la política de Honduras.
