El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más importantes de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se ha postergado otra vez tras la quinta renovación del acuerdo con Naciones Unidas. El anuncio, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales vitales para que el mecanismo anticorrupción funcione adecuadamente.
El estancamiento ha generado nuevamente críticas desde diversos segmentos de la sociedad civil y de la comunidad internacional, quienes ven la tardanza como una muestra de la falta de compromiso del gobierno en la batalla contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se entregó un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Reacciones institucionales y sociales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la reciente extensión, importantes sectores han manifestado su descontento con la gestión del procedimiento. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como «una traición al pueblo que confiaba en la promesa de justicia», mostrando el desagrado dentro de la oposición política. Por otro lado, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Destacan, entre estos, las reformas profundas que requerirían eliminar protecciones legales vistas por grupos sociales como una barrera para luchar eficazmente contra la corrupción. Diversos actores han apuntado que la ausencia de disposición política en el Congreso es una de las razones principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que Castro asumió el cargo, y las entidades de la sociedad civil junto con las redes ciudadanas critican la brecha entre las promesas iniciales y las acciones realizadas. Estos grupos enfatizan que la constante demora en tomar decisiones cruciales ha minado la confianza en la gestión y en las instituciones en general.
Llamados a acción y presión internacional
El actualizado acuerdo de cooperación no señala un plazo específico para la implementación de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de estancamiento ha creado desconfianza en agentes externos, lo que podría resultar en consecuencias adversas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han señalado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, afirman, no solo activarían un mecanismo para enfrentar la corrupción, sino también demostrarían un firme compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Escenario institucional impreciso
La demora en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta Honduras al intentar establecer un sistema independiente y eficiente. La continua presencia de barreras legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, deja en espera una de las iniciativas más importantes para combatir la impunidad en el país.
El caso destaca las tensiones entre los acuerdos internacionales que ha tomado el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Entre tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que levanta preguntas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
