En Honduras, el incidente de Koriun Inversiones ha generado gran inquietud en la población debido a la falta de respuestas concretas y medidas decisivas por parte del Estado. A más de tres meses de revelarse el masivo fraude financiero, miles de personas afectadas siguen sin recuperar sus ahorros y sin ver a los responsables enfrentando consecuencias legales. La falta de progreso evidente en las pesquisas, junto al mutismo del Ministerio Público y la pasividad del gobierno, ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se haga justicia de manera efectiva.
Simultáneamente, especialistas en leyes y figuras influyentes han manifestado su oposición a que el Gobierno emplee fondos estatales para indemnizar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que dicha medida podría resultar ilegal e ir en contra de la Constitución, además de presentar riesgos fiscales y políticos considerables. En este escenario, la demanda social se enfoca en que el procedimiento permanezca dentro del marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en riesgo la legalidad y el manejo responsable del dinero público.
La controversia sobre la respuesta estatal ante la estafa Koriun
El fraude piramidal de Koriun Inversiones funcionó durante años ofreciendo ganancias del 20 % mensual, sin control ni monitoreo oficial. Aunque el Ministerio Público confiscó más de 358 millones de lempiras, las pesquisas no han progresado hacia la justicia contra los responsables del engaño, ni se ha aclarado el destino de los bienes decomisados. Esta situación ha provocado un creciente descontento entre las familias afectadas, que han perdido ahorros, préstamos e incluso propiedades, exigiendo justicia, claridad y la restitución de su dinero.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y del Ministerio Público han fortalecido la percepción de que hay una red de apoyo político que obstaculiza el esclarecimiento completo del caso. Diversos grupos sociales y del ámbito legal han indicado que la ausencia de personas detenidas y la falta de transparencia en el manejo de los bienes confiscados evidencian una dejadez gubernamental que podría estar propiciando la impunidad. La presión de la ciudadanía permanece constante en demandar acciones rápidas y justas, sin inclinaciones políticas, para asegurar que los responsables enfrenten las sanciones legales pertinentes.
Aspectos jurídicos y financieros de la eventual indemnización con recursos del estado
Abogados y expertos en economía han señalado el riesgo de que el uso de recursos estatales para indemnizar a los afectados por Koriun conlleve un posible delito de mala gestión de fondos públicos, en particular si no hay una normativa legal avalada por el Congreso que justifique tal medida. Los funcionarios que autoricen pagos sin respaldo legal adecuado podrían enfrentarse a acusaciones penales por abuso de poder y violación de deberes. Además, aceptar esta obligación podría afectar el equilibrio financiero del Estado, impactando sectores esenciales como la salud y la educación, y dando una señal que podría fomentar la impunidad en posibles fraudes futuros.
