El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha iniciado acciones judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha intervenido con medidas como la congelación de cuentas y algunas capturas, persiste una fuerte incertidumbre sobre la transparencia y el alcance real de las investigaciones. La falta de información oficial detallada sobre cómo se permitió el funcionamiento del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la supervisión financiera y de la aplicación de justicia.
Denuncias contra empleados por conexiones políticas
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas imputaciones surgen en un entorno caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aun cuando no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios nombrados con el fraude, las críticas señalan la posible falta de objetividad en las acciones y una gestión arbitraria de las responsabilidades legales que les competen.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción lenta ante la operación fraudulenta, la cual consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierta. La comisión apoyó el comunicado del gobierno para compensar a los perjudicados, aunque no presentó un informe técnico o legal que aclare las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
Por otro lado, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, el progreso de la indagación aún carece de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres sobre la posible participación de empleados del estado en la omisión o encubrimiento de anomalías.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Grupos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han solicitado crear una comisión autónoma, a nivel nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera independiente los hechos y posibles conexiones entre los implicados en el esquema y los funcionarios gubernamentales. Las exigencias abarcan la divulgación de un informe exhaustivo que aclare los procedimientos operativos del fraude, la identificación de fallos en los controles financieros y la responsabilidad de todas las personas involucradas, sin excepciones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que el tratamiento del caso Koriun podría transformarse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el gobierno antepone los intereses políticos a la equidad, el daño a la confianza institucional es irreparable», se mencionó en un encuentro reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una problemática que trasciende lo económico
Dos meses después de que el caso estallara, las repercusiones ya no se reducen al ámbito económico. La idea de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a posibles responsabilidades legales ha incrementado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre la utilización política de las instituciones.
El desarrollo de este proceso, la respuesta del gobierno y la conducta de los organismos autónomos marcarán no solo el destino judicial del caso, sino también el nivel de confianza que los hondureños depositen en sus autoridades en un contexto de fragilidad institucional y alta polarización. La exigencia central, de momento, apunta a una investigación sin interferencias y con garantías de rendición de cuentas, como condición mínima para preservar la legitimidad del Estado de derecho.
