En Honduras, las últimas elecciones primarias han establecido un escenario político claro, pero no sin polémicas. Los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) destacan a Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla como los candidatos a la presidencia de los partidos Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, respectivamente.
De acuerdo con el último reporte de resultados proporcionado por el CNE, en el Partido Liberal, Salvador Nasralla se encuentra a la cabeza con un 59.36 %, seguido por Jorge Cálix con un 29.91 %. Luis Zelaya alcanzó un 5.59 % y Maribel Espinoza un 5.11 %. En el Partido Nacional, Nasry Asfura ocupa el primer lugar con un 76.01 %, mientras que Ana García obtuvo un 21.26 %, Jorge Zelaya un 1.85 % y Roberto Martínez Lozano un 0.86 %. Dentro del Partido Libre, Rixi Moncada lidera con un 92.22 %, mientras que Rasel Tomé tiene un 7.77 %. Estos números provienen de un conteo del 34.58 % del total de las actas.
Desafíos logísticos e irregularidades durante la jornada electoral
No obstante, el día electoral del 9 de marzo estuvo marcado por diversas irregularidades. Se denunciaron violaciones en la cadena de custodia durante el transporte del material electoral, así como acusaciones de fraude y sabotaje, además de incumplimientos de contratos por parte de las empresas contratadas por el CNE. Estos eventos promovieron un ambiente de tensión y desconfianza en el desarrollo del proceso.
Uno de los inconvenientes más destacados fue la demora en la distribución del material electoral a los centros de votación. En Tegucigalpa, más de 2571 Juntas Receptoras de Votos (JRV) sufrieron retrasos de entre 10 y 14 horas, aún cuando en el país existen 24.800 juntas en total. El CNE señaló que estos retrasos se debieron al incumplimiento por parte de una de las empresas encargadas del transporte del material. Un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) señaló que, para las 4:00 de la tarde, el 39 % de las JRV en Tegucigalpa enfrentaban complicaciones.
La situación provocó malestar entre los ciudadanos. En la Escuela República de Nicaragua, por ejemplo, las personas abandonaron el lugar debido al retraso en la llegada del material electoral, que finalmente llegó después del mediodía. En otros centros de votación, el material no arribó hasta altas horas de la noche, y las filas de votantes continuaron hasta bien entrada la madrugada.
El CNE culpó a la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. por los incumplimientos en la distribución del material electoral. Se reportó que la empresa fue notificada sobre la adjudicación del servicio por más de 64 millones de lempiras solo dos semanas antes de las elecciones. La consejera presidenta del CNE, Cossette López, denunció un «retraso intencionado» y anunció acciones legales contra los responsables. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también inició una investigación de oficio.
Reacciones, demandas y clima de desconfianza poselectoral
German Lobo, exconsejero suplente del CNE, expresó su preocupación por el mensaje de desconfianza que estos incidentes envían a la ciudadanía de cara a las elecciones generales. El analista Héctor Corrales, en consonancia con el exconsejero del CNE, se refirió a una «confianza destruida en el proceso».
Previo a las elecciones primarias, también surgieron acusaciones de fraude. El movimiento ¡Vamos, Honduras! liderado por Salvador Nasralla denunció presuntos intentos de fraude y publicó un audio en el que se mencionaban acciones para dañar los lectores biométricos. El fiscal general Johel Zelaya informó que se llevaría a cabo una investigación sobre estos hechos.
Los comicios primarios se realizaron bajo la suspensión de garantías constitucionales, como parte del estado de excepción implementado para luchar contra el crimen organizado. Esta medida ha suscitado críticas debido a presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, resaltó la alta participación en las elecciones primarias y exigió una investigación exhaustiva sobre las anomalías. El COHEP recordó que las Fuerzas Armadas son las encargadas de la protección, traslado y vigilancia del material electoral, y solicitó un informe detallado de los incidentes, así como una investigación del Ministerio Público.
La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) expresó su condena enérgica por los retrasos en la distribución del material electoral y solicitó a las autoridades competentes una investigación inmediata para establecer responsabilidades y prevenir la repetición de estas irregularidades.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, exigió que las Fuerzas Armadas y el CNE brinden una explicación y pidió que no se repita para las elecciones generales de noviembre. Fortín resaltó que la presentación masiva de la ciudadanía en los centros de votación deja un mensaje claro: en el país nadie se deja. Deseó que para las elecciones generales de noviembre estén las cosas claras y cómo será el proceso.
