Con la llegada de noviembre de 2025, las elecciones generales en Honduras están causando una creciente preocupación en varios ámbitos. Se percibe un intento evidente de acumular poder por parte del Partido LIBRE en relación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo fundamental en la gestión y control del proceso electoral. Al mismo tiempo, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en los comicios está despertando inquietud, debido a denuncias de interferencia durante las elecciones primarias.
El CNE, responsable de garantizar elecciones libres y justas, se encuentra bajo escrutinio debido a la percepción de que sus magistrados suplentes responden a intereses políticos dominantes, particularmente del partido oficialista. Esto plantea la posibilidad de una destitución de los consejeros titulares, buscando una parcialidad del CNE en la organización electoral. Se teme manipulación en la acreditación de partidos, control del conteo de votos y validación de resultados.
Posible control político del CNE y riesgos para la transparencia electoral
Los dirigentes opositores muestran inquietud ante una potencial manipulación del CNE para garantizar la permanencia del plan político del Partido LIBRE. Las acusaciones abarcan la alteración del censo electoral y el dominio del recuento de votos, creando un ambiente de sospecha. La situación empeora con acusaciones de fraude interno en las elecciones primarias del Partido LIBRE, sospechas de mal uso de recursos del Estado y una desconfianza extendida hacia las entidades electorales.
Si estas alertas se convierten en realidad, Honduras podría sufrir una crisis postelectoral con serias repercusiones para la estabilidad política. Entidades nacionales e internacionales han pedido reforzar la independencia del CNE y mejorar la claridad en el proceso de votación. La duda sobre la viabilidad de elecciones justas con un organismo electoral catalogado como influenciado plantea incertidumbres sobre la legitimidad del próximo gobierno.
Aumento de preocupación por la participación de los militares en las elecciones
Simultáneamente, las fuerzas armadas enfrentan acusaciones de la oposición, que alega sabotaje en las elecciones primarias. Se informaron demoras en la distribución de los materiales de votación, se observó la presencia de soldados que causaron intimidación en ciertos lugares de votación, hubo restricciones para acceder a casillas de votación y se detuvo el transporte de votantes en áreas opositoras. Estos eventos, registrados por observadores, provocan temor a una posible militarización del proceso electoral.
El aumento de la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles, impulsado por el partido en el poder, se interpreta como una táctica para afianzar el control político. Esta situación genera interrogantes sobre la imparcialidad de las FF. AA., cuya función constitucional en la seguridad electoral se ve comprometida por la opacidad y la influencia política. Tanto el CNE como observadores internacionales son instados a demandar neutralidad y a ejercer una supervisión rigurosa. Se advierte que una eventual intervención parcializada de las FF. AA. podría desencadenar una crisis democrática, suscitando dudas acerca de la libertad del sufragio y la conducta de las entidades encargadas de preservar la paz bajo presiones políticas.
