En un contexto de creciente polarización institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, planteó la posibilidad de expulsar a diputados de la oposición y establecer un órgano legislativo paralelo si persiste el bloqueo a las iniciativas del oficialismo. Las declaraciones, pronunciadas durante una sesión en el hemiciclo, provocaron una ola de reacciones críticas por parte de las bancadas opositoras y diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones excepcionales
Luis Redondo, quien preside el Legislativo y es miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento por lo que percibe como un bloqueo constante de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo político. “No podemos seguir tolerando que una minoría perjudique el mandato del pueblo”, declaró, añadiendo que se implementarán “acciones firmes” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en tela de juicio el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución viable podría ser la «renovación» del Legislativo. Aunque no especificó medios legales o procedimentales, su advertencia contempló la formación de un Congreso paralelo si la situación actual impide seguir adelante con la agenda del Ejecutivo en el Parlamento.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Las agrupaciones del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros grupos opositores respondieron al instante, describiendo las declaraciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en apoyo del Ejecutivo. El legislador Tomás Zambrano acusó a Redondo de actuar de manera autoritaria: “Este es un intento desesperado por concentrar un poder total en manos de LIBRE. No lo vamos a permitir”, señaló.
En el mismo tono, el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, señaló la ilegalidad de intentar establecer un organismo legislativo paralelo, indicando que tal acción violaría los principios fundamentales del Estado de derecho. Según su análisis, dicha amenaza pone en riesgo los balances institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una significativa crisis institucional.
Conflictos legales y solicitudes de supervisión internacional
La advertencia de Redondo se añade a varios incidentes recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin ratificación de las actas pertinentes y el uso de procedimientos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y procedimiento.
Especialistas en política notan un cambio hacia una táctica de enfrentamiento del gobierno, donde se intenta marginar a la oposición antes del proceso electoral general. Este enfoque, según señalan, podría llevar a situaciones de inestabilidad institucional, alejándose de las vías legales estipuladas por la Constitución.
En este contexto, diversos sectores políticos y sociales han pedido la participación o el monitoreo continuo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y embajadas. Un colectivo de abogados manifestó en una declaración conjunta que lo que está en debate no es solo la sanción de una norma, sino la permanencia de la división de poderes y del régimen democrático.
Un Congreso en disputa y el desafío de la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Congreso inician un capítulo nuevo en la complicada relación entre los partidos en el gobierno y en la oposición en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un momento crucial en la coexistencia política de la nación, con consecuencias que van más allá del ámbito legislativo.
El conflicto vigente ilustra los desafíos continuos de la gobernanza dentro de un contexto donde las fricciones entre poderes, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance de la democracia. En este entorno, la función de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en piezas clave para mantener el equilibrio entre la representación política y el cumplimiento de las normas del Estado de derecho.
