Una nueva polémica envuelve las actividades del Poder Legislativo en Honduras. El presidente del Congreso Nacional Honduras, Luis Redondo, se enfrenta a críticas por la formalización de una ley en el periódico oficial La Gaceta. La controversia surge porque, según las acusaciones, dicha publicación se efectuó sin que se hubiera comprobado previamente el acta de la sesión donde se aprobó la normativa, un procedimiento conocido como ratificación de acta. Afirman que esta acción infringe las normas claras del marco legislativo del país.
Informes de dentro del hemiciclo legislativo señalan que este incidente no es un evento aislado. Se han documentado casos parecidos en tiempos recientes, lo que establece un patrón de comportamiento. Esta repetición suscita serias dudas sobre la validez de las leyes que se han emitido bajo esta modalidad. El reglamento interno del Congreso es claro: ningún decreto adquiere validez legal u oficial si no ha sido precedido por la ratificación formal del acta correspondiente a la reunión en que se decidió. Esta insistencia en un procedimiento visto como irregular ha despertado las alertas en varios sectores políticos y sociales del país.
Impacto en el andamiaje democrático
Un grupo de legisladores de la oposición ha descrito esta acción como una «ofensa evidente a la estructura democrática del país». Estos diputados críticos sostienen que tal comportamiento debilita gravemente el respeto por el principio de legalidad, que es esencial en la creación de nuevas leyes. Ante este escenario, están evaluando la posibilidad de acudir a tribunales judiciales y constitucionales. Su propósito principal es detener lo que consideran una «dictadura parlamentaria de hecho», una circunstancia que, según ellos, distorsiona los métodos democráticos de toma de decisiones.
Al mismo tiempo, varios analistas en el ámbito político y expertos jurídicos han expresado su inquietud. Advierten que esta táctica no solo socava la confianza del público en el Poder Legislativo, sino que también establece un precedente muy arriesgado. La implementación de leyes sin seguir los controles internos previstos —creados justamente para proteger la voluntad del pueblo y el debido proceso legislativo— se considera una desviación significativa. Un reconocido constitucionalista, al meditar sobre el asunto, afirmó que «promulgar una ley sin la aprobación del acta es como falsificar la crónica parlamentaria. Es similar a sancionar leyes ilusorias», subrayando la gravedad de la omisión.
Invocación a las entidades de supervisión y potenciales repercusiones legales
Ante la gravedad de los hechos expuestos, diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades encargadas de la supervisión legislativa han emitido un enérgico llamado. Sus peticiones se dirigen a las principales entidades de control estatal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. El clamor es unánime: estas instituciones deben actuar con prontitud para investigar a fondo y aplicar las sanciones correspondientes a una práctica que, en su perspectiva, vulnera de forma directa el Estado de Derecho. La exigencia se centra en el restablecimiento de la legalidad y la transparencia en el ejercicio del poder.
Este reciente acontecimiento se añade a una serie de críticas que han marcado el funcionamiento del Congreso Nacional Honduras en la presente legislatura. La continuidad de estas anomalías en el proceso legislativo podría, en un plazo medio, provocar una serie de desafíos legales. Estas acciones judiciales estarían dirigidas específicamente a las leyes promulgadas bajo este esquema considerado irregular, lo que podría resultar en un escenario de significativa inestabilidad jurídica y política en el país centroamericano.
