La integración del libro “El Golpe 28-J”, compuesto por el exmandatario de Honduras Manuel Zelaya Rosales, en el sistema de enseñanza estatal ha desencadenado una discusión apasionada en Honduras respecto a la presencia de influencia política en la educación. Este documento, que relata el punto de vista de Zelaya sobre el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, fue incluido en la Asignatura Morazánica, un curso de instrucción cívica, con el objetivo oficial de conservar la memoria histórica y prevenir la repetición de eventos parecidos. No obstante, la producción e impresión de 100,000 copias por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud entre distintos sectores sociales y educativos sobre una potencial politización del contenido educativo.
La controversia se incrementa al trazarse una comparación con la trayectoria de Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en los centros educativos durante la instauración del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos críticos perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de indoctrinación política, mientras que las autoridades aseguran que la publicación es parte de un programa de educación en historia, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y apoyado en hechos comprobables.
Debate y temas en torno al Golpe del 28 de junio
El Golpe 28-J es presentado como un material histórico que aborda el golpe de Estado de 2009, un evento reconocido internacionalmente como una ruptura del orden constitucional, condenado por organismos multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra destaca la figura de Zelaya como víctima y mártir, mientras que sus opositores son retratados como agentes de intereses externos. Esta narrativa ha sido criticada por sectores que consideran que el libro tiene una fuerte carga ideológica y que su inclusión en el currículo podría vulnerar la libertad de cátedra y la neutralidad educativa.
A pesar de que al principio se informó que la lectura del libro sería necesaria en todos los niveles básicos y secundarios, más tarde la Secretaría de Educación especificó que no es un deber obligatorio y se respetará el derecho de los docentes a enseñar con libertad. Esta aclaración intenta abordar las críticas de profesores y padres que demandan una educación exenta de propaganda política, enfocada en valores democráticos y en fomentar el pensamiento crítico. No obstante, la directiva oficial publicada en el diario La Gaceta y la producción en gran escala del libro mantienen el debate sobre el verdadero alcance de esta medida.
Impacto social y potenciales consecuencias políticas
Padres, docentes independientes y representantes de instituciones educativas privadas han manifestado su rechazo a la imposición de “El Golpe 28-J”, argumentando que la educación debe mantenerse neutral y que la obligatoriedad de un texto con una visión partidista podría ser inconstitucional. Se ha señalado que esta medida podría limitar la libertad de cátedra y forzar a los maestros a enseñar una versión sesgada de la historia reciente.
Analistas políticos sugieren que la introducción de este libro en el sistema educativo podría formar parte de una estrategia para preparar el terreno cultural y social para cambios políticos mayores, como una eventual Asamblea Nacional Constituyente, similar a lo ocurrido en Venezuela en 1999 tras la promoción del Libro Azul. Esta interpretación se basa en la idea de que el control de la narrativa histórica y la formación ideológica de las nuevas generaciones son pasos previos para consolidar proyectos políticos a largo plazo.
El gobierno, por otro lado, respalda la incorporación de «El Golpe 28-J» como un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la verdad, subrayando la importancia de que la juventud esté informada sobre los eventos del golpe y sus repercusiones. Desde este punto de vista, enseñar sobre el pasado no debe ser visto como una venganza, sino como una forma de prevenir que se repitan eventos similares.
De esta manera, la integración de “El Golpe 28-J” al programa educativo en Honduras revela una marcada división social y política respecto al rol que juega la educación en la formación de ciudadanos y en la transmisión de la memoria histórica. La discordia entre la autonomía docente y la difusión de una narrativa oficial pone en evidencia los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo de su democracia.
