A cinco meses de los comicios generales del 30 de noviembre, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta una coyuntura crítica marcada por divisiones internas, acusaciones de corrupción y un descenso pronunciado en la intención de voto. En un escenario electoral cada vez más incierto, el desgaste acumulado del partido gobernante amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
En reacción, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada; en cambio, varios grupos las vieron como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto difícil.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las críticas no se han limitado al ámbito político. Desde el sector empresarial, voces relevantes han manifestado su preocupación por el rumbo del país. En una reciente intervención pública, Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), responsabilizó directamente al gobierno de traicionar el mandato popular con prácticas que, según él, incluye nepotismo, uso discrecional de fondos públicos y falta de transparencia en casos emblemáticos como SEDESOL, la estafa Koriun y denuncias sobre presuntos vínculos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a los ciudadanos a proteger el Estado de Derecho frente a lo que percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible desde el punto de vista financiero.
Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
