En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La acción de las autoridades, la garantía de fondos y la respuesta de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en el sistema bancario del país. La investigación sigue en marcha, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Fraude Ponzi y operaciones no reguladas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba mediante un esquema Ponzi, un método que implica recibir dinero de inversores recientes para abonar beneficios a los anteriores, sin producir ganancias reales. La compañía garantizaba una rentabilidad del 5 % semanal, lo que se traduce en un 20 % mensual, asegurando a los clientes recuperar su capital en un lapso de cinco meses. No obstante, la viabilidad del modelo dependía del flujo constante de nuevos inversores, lo cual finalmente provocó el colapso y pérdidas económicas significativas para miles de individuos.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.
Acusaciones sobre protección gubernamental y desconfianza en aumento
El legislador Edgardo Castro afirmó que la actividad de Koriun Inversiones se realizó con el respaldo de personalidades del ámbito político, fiscales y empleados públicos. Castro criticó la inacción oportuna de las entidades de control y demandó una investigación detallada para esclarecer la culpabilidad de aquellos que posibilitaron o consintieron el engaño. También se mencionó el rol de algunos alcaldes que promovieron la empresa y la omisión de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus dineros y expresaron miedo a una posible pérdida de su patrimonio. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y su reembolso a los inversionistas hasta donde sea posible, aunque se prevé que el proceso será complejo y extenso. El caso ha evidenciado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en el ámbito financiero de Honduras.
