En los meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2025, diversos actores políticos, sociales y legales en Honduras han denunciado una serie de presiones y actos de intimidación dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas acusaciones apuntan principalmente al partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), señalado por intentar influir en las decisiones del CNE y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Denuncias dirigidas al partido LIBRE
Los señalamientos contra el partido en el poder incluyen acciones que buscan deslegitimar la autoridad del CNE, organismo encargado de garantizar la equidad y transparencia de los comicios. Según las denuncias, miembros de LIBRE estarían orquestando campañas para presionar a los magistrados del CNE, especialmente aquellos que no responden a sus intereses políticos, afectando la autonomía de la institución.
Maribel Espinoza, quien es diputada y analista en temas políticos, comentó que la intención de estas presiones sería crear un ambiente de desconfianza para justificar señalamientos de fraude o desorganización durante las elecciones. “Presionan al organismo electoral porque son conscientes de que las encuestas no están a su favor”, declaró Espinoza, refiriéndose claramente a las acciones de algunos grupos que buscan afectar los resultados electorales antes de comenzar las campañas.
Estrategias para el boicot institucional
La denuncia no solo se limita a las presiones sobre los magistrados, sino también a la propagación de discursos hostiles por parte de figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha identificado una creciente campaña de desinformación en las redes sociales, orientada a minar la credibilidad del CNE y a sembrar dudas sobre la imparcialidad del organismo electoral.
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud respecto a la pureza del proceso electoral, calificando estas acciones como potenciales esfuerzos de desestabilización institucional. Afirman que estas tácticas no solo representan un ataque contra la legitimidad del CNE, sino que también suponen una amenaza para el sistema democrático del país, intensificando la división política a medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2025.
Llamados a la vigilancia internacional
Dado el empeoramiento de las circunstancias, diversos segmentos de la comunidad han pedido la participación de inspectores internacionales para asegurar la claridad en el proceso de votación. En este contexto, instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias entidades de derechos humanos han sido llamadas a supervisar el transcurso de los comicios, asegurando que se realice sin injerencias ni manipulaciones políticas.
Lidia Meza, abogada constitucionalista, recalcó la importancia de mantener la independencia del sistema electoral, señalando que “el sistema electoral no puede estar secuestrado por intereses partidarios. El país necesita garantías, no amenazas”.
Contexto y desafíos para la democracia
Las acusaciones de acoso y los intentos de desestabilización institucional se añaden a un contexto de creciente polarización política en Honduras, donde la falta de confianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha intensificado por varios factores, como la crisis económica y la falta de unidad política. Este escenario, caracterizado por tensiones y señales de conflicto entre partes, presenta desafíos significativos para la gobernabilidad del país a menos de un año de las elecciones.
La comunidad internacional mantiene una estrecha vigilancia sobre el proceso, mientras que la ciudadanía hondureña continúa exigiendo una mayor transparencia y la preservación de la institucionalidad democrática. La situación actual pone de manifiesto las dificultades para garantizar un ambiente electoral libre de presiones y manipulación, y subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por el ejercicio democrático.
