La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha intensificado el debate social y político, con diversos sectores denunciando que la propuesta, impulsada por el Partido LIBRE, trasciende el ámbito fiscal y se utiliza como herramienta política para dividir a la sociedad hondureña. Dirigentes sociales, empresarios, trabajadores y líderes comunitarios han expresado que la narrativa oficialista presenta a ciertos grupos empresariales como responsables de los problemas económicos del país, promoviendo un discurso que, según estos sectores, fomenta el enfrentamiento entre la población más vulnerable y los sectores productivos.
Este contexto ha generado preocupación por el posible impacto de la ley en la cohesión social y el bienestar económico. La polémica se ha visto alimentada por la percepción de que la ley busca etiquetar a quienes emprenden o generan empleo como enemigos del pueblo, desviando la atención de problemas estructurales y de la eficiencia estatal. Analistas advierten que esta estrategia podría paralizar la inversión, incrementar el resentimiento social y debilitar el tejido social, afectando negativamente el empleo y el bienestar común.
Narrativa de división y reacciones sociales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria ha provocado un ambiente de enfrentamiento entre el gobierno y el sector privado, reflejado en choques tanto en el Congreso Nacional como en los discursos públicos. Líderes empresariales han tachado la iniciativa de perjudicial y con malas intenciones, sosteniendo que favorece el conflicto y la discriminación en lugar del consenso y el diálogo. Se indica que la eliminación de incentivos y exenciones fiscales impactará de manera directa a los sectores productivos, aumentando los costos de producción y, por lo tanto, los precios de alimentos y servicios esenciales para la población.
El entorno de confrontación se ha manifestado en episodios conflictivos en el Congreso, donde la discusión sobre la normativa ha llevado a choques entre legisladores del gobierno y de la oposición, evidenciando la intensidad de las divisiones políticas e institucionales en la nación. A la vez, algunos expertos reconocen que la iniciativa podría traer ventajas si se lleva a cabo con claridad y participación de diversos sectores, pero señalan que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición generan dudas y desconfianza en la ciudadanía.
Impactos económicos y llamado a la unidad nacional
Las repercusiones económicas mencionadas por los sectores críticos abarcan la potencial pérdida de trabajos por el cierre de compañías y la reducción de inversiones, el incremento de la pobreza por el encarecimiento de productos esenciales y el empeoramiento del entorno económico, lo que podría promover la migración y el conflicto social. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley es un ataque directo al empleo y la inversión, y advierten sobre el peligro de imitar las experiencias negativas de otros países de la región donde reformas parecidas han debilitado el tejido empresarial y social.
Ante este contexto, varios sectores han instado al Congreso Nacional y a la población a prevenir la fragmentación causada por discursos políticos, subrayando que la auténtica equidad social se consigue a través del desarrollo económico, la inversión ética y la creación de oportunidades para todos, y no mediante leyes sancionadoras ni campañas de conflicto. El gobierno, por su lado, afirma que la ley pretende rectificar privilegios fiscales históricos y reforzar los sistemas de seguridad social, destacando la importancia de la unidad nacional para progresar hacia el bienestar común.
