En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la honestidad del proceso electoral. Han surgido dos puntos de conflicto: las dudas sobre un uso potencial del Ministerio Público contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza respecto al papel de las Fuerzas Armadas como protectores del proceso democrático.
Han surgido informes que sugieren que el Ministerio Público podría estar preparando cargos formales contra integrantes del CNE, lo cual ha suscitado preocupación en diversos sectores políticos y entidades que abogan por la democracia. Se argumenta que este proceso judicial estaría influenciado por razones políticas, dirigido contra consejeras que han adoptado posturas críticas o independientes respecto al gobierno. La potencial judicialización de las consejeras del CNE se da en un momento crucial, cuando el organismo electoral debe asegurar la organización justa del proceso electoral, la validez de los resultados y la confianza tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podrían socavar la autonomía institucional y minar la confianza de la ciudadanía en los procedimientos electorales. Los grupos opositores y la sociedad civil han manifestado su inquietud, solicitando investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no motivadas por venganzas políticas. Ha habido peticiones a la comunidad internacional para que se manifieste ante posibles intentos de manipulación del CNE y vigile el comportamiento del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha crecido la desconfianza pública y política en cuanto a la función de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Jefes de partidos opositores, grupos de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por los cambios y retiros cuestionables en los altos mandos militares, la cercanía ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y procesos electorales, y la carencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las elecciones.
Miedo a la militarización y peticiones de observancia
Durante las elecciones primarias de marzo, se reportaron incidentes relacionados con retrasos en la entrega de material electoral y presencia militar inusual en ciertos centros de votación, lo que ha aumentado el temor a una militarización del proceso electoral. Se teme que las Fuerzas Armadas, bajo la influencia de figuras del oficialismo, actúen como herramienta para facilitar un fraude electoral o reprimir la protesta ciudadana.
El incremento en la desconfianza ha resultado en llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen equipos de observación y pidan garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han iniciado la creación de redes de monitoreo social con el fin de documentar posibles abusos o irregularidades. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y del control ciudadano.
