El ciclo electoral en Honduras para 2025 ha estado caracterizado por diversos eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión respecto a la estabilidad democrática del país. Un reporte de análisis interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por significativos errores logísticos durante los comicios primarios, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme selectivo de oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sistema militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Revisión del CNE y discusión sobre el papel militar en elecciones
El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios locales, especificó que la entrega retrasada, incompleta y desorganizada de los materiales electorales en muchos centros de votación fue resultado de fallas en el cumplimiento del procedimiento logístico por parte de las fuerzas armadas, encargadas de la protección y distribución de las urnas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
La divulgación del reporte aconteció en medio de un ambiente político tenso, habiendo un temor creciente de que el Ejército no mantenga su imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han realizado un comunicado oficial y la administración del Partido LIBRE no ha hecho comentarios, lo cual algunos grupos han interpretado como un signo de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones políticas como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado un examen completo del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada anticipada de observadores del extranjero y revisiones externas al sistema de transmisión de resultados.
Desarmado específico de oficiales y conflictos internos en los Ejércitos
En el contexto de la división política actual, la medida adoptada por el Estado Mayor Conjunto de retirar armas selectivamente a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha despertado inquietud en sectores militares, políticos y civiles. De acuerdo con informantes castrenses y reportes de la prensa nacional, esta acción no se está llevando a cabo de forma generalizada ni por motivos técnicos o de salvaguarda, sino que se centra únicamente en aquellos oficiales que han expresado opiniones institucionales autónomas o críticas del gobierno.
Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.
El desarme dirigido se añade a una lista de medidas recientes, tales como modificaciones en el liderazgo militar y reubicaciones obligatorias, que han aumentado la fricción y la insatisfacción dentro de la organización, sobre todo entre mandos intermedios y superiores. Algunos de los oficiales a los que se les ha retirado sus armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como un método para separarlos de las operaciones y del proceso electoral.
La principal preocupación de líderes opositores y grupos democráticos es que, si el oficialismo pierde en las elecciones, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o reprimir protestas populares.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, particularmente en un contexto donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una enmienda constitucional que revise el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema crucial en el debate público de cara a las futuras elecciones generales.
