La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza fundamental de su plataforma gubernamental, la propuesta no se materializó y no se implementará durante el actual mandato, que finaliza en enero de 2026. Con esta desistimiento implícito del proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había despertado expectativas importantes entre la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH estuvo caracterizado por repetidos retrasos, extensiones que no llevaron a resultados y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del descalabro, comunicado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, en su opinión, incluyen tanto impedimentos legislativos como elementos externos. Sin embargo, para varios grupos de la sociedad, esta justificación no es suficiente.
La falta de cumplimiento de una promesa que debilitó la confianza
Voces asociadas a la sociedad civil y al ámbito global concuerdan en que la mayor responsabilidad es de la administración actual. Según expertos y observadores del proceso, el problema no fue la falta de factores externos, sino la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para cumplir con los compromisos asumidos.
Desde este punto de vista, la falta de implementación de la CICIH no es un azar ni un desenlace ineludible, sino una elección. Así lo indicó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien criticó abiertamente al Gobierno por retroceder en una promesa que había generado altas expectativas. A estas críticas se unió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue clara al acusar al partido gobernante de haber usado la CICIH como una estrategia electoral sin realmente querer avanzar en su establecimiento.
Un programa contra la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional implica consecuencias que van más allá del ámbito administrativo. La falta de progresos tangibles ha reforzado la idea de que la lucha contra la corrupción no cuenta con herramientas eficaces ni con la dedicación del gobierno. La confianza en el Ejecutivo respecto a este asunto queda en entredicho, especialmente cuando las exigencias de transparencia y de rendición de cuentas siguen siendo inmediatas.
Con un panorama institucional que ya no considera la implementación del mecanismo internacional, Honduras pierde una oportunidad importante para combatir de forma estructural la impunidad. El tiempo restante en la administración actual hace poco probable cualquier intento serio de cambiar esta situación, dejando a la población con una promesa incumplida y sin una opción inmediata que sustituya la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema del cambio en el sistema político ha acabado por ser solo un elemento más en la lista de promesas sin cumplir, debilitando de esta manera el discurso del gobierno sobre la batalla contra la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de la población.
