Conforme se aproxima la fecha de las elecciones generales el 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) está enfrentando imputaciones por parte de sus adversarios políticos, quienes lo acusan de planear un posible fraude electoral para prolongar su mandato. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado inquietudes sobre la claridad del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos destacan un aumento en el descontento popular hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la impopularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han reportado tácticas que indican un posible fraude, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las primarias de marzo, la filtración controlada de las Fuerzas Armadas y las presiones a la prensa crítica. También se señala el empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y el uso de subsidios y fondos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Acusaciones de estafa y preocupaciones del contrario
Las denuncias de la oposición incluyen acusaciones de manipulación de resultados electorales, judicialización o intimidación contra candidatos rivales y magistrados del CNE, militarización del proceso electoral y restricción a la libertad de prensa y censura digital masiva previo al día de las votaciones. También se teme la declaración anticipada de un estado de excepción ante posibles protestas ciudadanas, así como la posibilidad de que el gobierno intente desconocer los resultados electorales, anular mesas estratégicas o suspender el proceso electoral con justificaciones de orden público o seguridad nacional.
Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global
Frente a esta situación, las agrupaciones políticas opositoras han pedido la intervención temprana y activa de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema informático electoral, y garantías públicas por parte del CNE para asegurar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Asimismo, han exhortado a la movilización ciudadana pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde sus inicios.
La denuncia de un posible fraude ha elevado la tensión política y puesto en riesgo la estabilidad democrática del país. La ciudadanía observa con desconfianza un proceso en el que el árbitro electoral es percibido como parcial, y donde el oficialismo parece más enfocado en conservar el poder que en someterse a la voluntad popular. Existe la preocupación de que Honduras se enfrente a una crisis postelectoral, con consecuencias para la gobernabilidad, la economía y la paz social.
