En Honduras, el panorama de la libertad de prensa ha cobrado una importancia notable recientemente, caracterizado por un aumento en los casos de violencia, amenazas y falta de consecuencias contra periodistas y medios. Varios informes y datos oficiales han puesto de manifiesto un ambiente progresivamente más adverso para el oficio periodístico, donde la presión de tipo institucional y económica se mezcla con acciones directas de hostigamiento y campañas de desprestigio.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo amenazas físicas, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha socavado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto en el ámbito nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de monitoreo continuo y solicitudes para salvaguardar los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia para los periodistas
Desde 2001 hasta finales de 2024, más de un centenar de periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, intimidaciones y restricciones en el entorno digital se han consolidado como las formas más frecuentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación de diversas regiones del país. En los años recientes, se han documentado agresiones a 64 medios, lo que revela patrones persistentes de persecución y criminalización.
Las dificultades económicas que afectan a los medios han impactado su funcionamiento y autonomía editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a clausurar. La presión judicial y la escasez de recursos han sido elementos clave en esta fragilidad. Entidades internacionales han clasificado a Honduras entre los países con las condiciones más adversas para la práctica del periodismo en América Latina, ubicándolo en posiciones retrasadas en los rankings mundiales de libertad de prensa.
Ante esta situación, las entidades nacionales e internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a salvaguardar la seguridad de los comunicadores y a asegurar la libertad de expresión, al ser considerados aspectos fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Campañas institucionales y respuesta social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas críticos, empleando su medio oficial para desacreditar públicamente a destacados comunicadores. En una edición reciente de su publicación institucional, se destinaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las imputaciones con imágenes y términos que los tachaban de enemigos del Estado, sin ofrecer pruebas concretas.
Este incidente provocó una respuesta inmediata de los periodistas y de entidades defensoras de derechos humanos, que rechazaron la campaña y la tildaron de ser un ataque institucional inédito desde los niveles más altos del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas y varios grupos de la sociedad en Honduras han sostenido una actitud de observación, demandando claridad y respeto por los derechos esenciales, además del fin a cualquier forma de coerción hacia la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio emitido por la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado el interés de la sociedad y ha provocado expresiones de apoyo de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, visto como amenazante, fue una respuesta a los comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en la utilización de fondos públicos. Diferentes sectores han remarcado que la tarea de informar y llevar a cabo una supervisión de las entidades es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido al Estado que evite hacer declaraciones que podrían amenazar de manera directa o indirecta a los reporteros y medios, enfatizando la responsabilidad estatal de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Este tipo de situaciones se ha interpretado como un esfuerzo por limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo que ha aumentado la preocupación por el uso del poder gubernamental para restringir la actividad periodística en Honduras.
