La reciente propuesta legislativa en Honduras, impulsada por miembros del Partido LIBRE, ha desatado una intensa polémica en los sectores político y económico nacionales. Estos parlamentarios intentaron avanzar de manera apresurada y sin alcanzar un acuerdo en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado discusiones debido a sus potenciales efectos sobre la inversión y el empleo. El movimiento pretendía aprovechar la presencia reducida de diputados opositores para lograr la aprobación final, sin embargo, la carencia de quórum y la respuesta de los adversarios evitaron que se materializara esta acción.
Antecedentes y respuestas en relación con la Ley de Equidad Fiscal
La tentativa de los legisladores del Partido LIBRE para una aprobación rápida de la Ley de Justicia Tributaria fue vista como un esfuerzo por establecer una agenda fiscal sin el respaldo necesario. El plan era utilizar un momento de ausencia parcial de los opositores en el pleno para aprobar la ley en su tercera y última discusión. No obstante, esto no se logró debido a la falta de quórum y a la rápida reacción de los legisladores opositores que evitaron la votación. Este acontecimiento ha expuesto la división política en el Congreso hondureño y la oposición a una ley considerada dañina para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de sectores empresariales y gremiales. Empresarios y representantes de gremios productivos han expresado su preocupación por las consecuencias que podría tener esta ley, señalando que podría desalentar la inversión tanto nacional como extranjera, lo que a su vez podría derivar en el cierre de miles de empresas y un aumento en las tasas de desempleo. Además, existe una alerta sobre la posibilidad de que esta normativa contribuya a una centralización del poder económico en manos del Estado, lo que generaría un impacto significativo en la dinámica económica del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la sociedad frente al fracaso en la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con diversos grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión abierta y el respeto a los procedimientos legislativos. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implementación de una ley que, según ellos, perjudicaría a millones, enfatizando que sin un respaldo considerable no hay un mandato legítimo para aprobarla.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá insistiendo para impedir cualquier esfuerzo de aprobación que no respete los procesos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para intentar una vez más pasar la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria permanece vigente, mostrando la dificultad del debate fiscal y político en Honduras, además de la necesidad de alcanzar acuerdos que incluyan las diferentes opiniones del país.
