A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza
Recientes sondeos de organizaciones como Pro Encuestas y TResearch muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha ido disminuyendo de manera constante. Aunque comenzó liderando, Moncada ha sido desplazada en los resultados por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas atribuyen este descenso a una combinación de factores: denuncias de corrupción en la administración pública, fracturas internas dentro del oficialismo, bajo rendimiento económico y una creciente percepción ciudadana de opacidad en la gestión gubernamental. La erosión del respaldo popular ha coincidido con un endurecimiento del discurso político desde el Ejecutivo y con señales de tensión institucional que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se han reportado acciones orientadas a dificultar la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia del escrutinio. Las tensiones se han intensificado dentro del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han denunciado presiones e intentos de bloqueo a sus funciones.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
La organización en Tegucigalpa de un encuentro del Foro de São Paulo, en el cual participaron delegaciones de gobiernos progresistas del área, avivó nuevamente la discusión sobre las relaciones internacionales del partido LIBRE. Críticos destacaron que estas conexiones con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar dirigidas a emular modelos de gobierno que favorecen la concentración del poder y limitan los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han señalado el riesgo de llevar a cabo un “Plan Venezuela”, cuyo fin sería causar desestabilización institucional, manifestaciones provocadas y obstrucciones administrativas que compliquen una transición gubernamental.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.
