La reciente declaración del presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha generado un ambiente de alerta en el país. Redondo indicó que la Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser aprobada en cualquier momento, incluso durante sesiones fuera del horario habitual, lo que ha provocado preocupación entre diversos sectores. Esta posibilidad ha sido interpretada como un intento de avanzar con la reforma sin el debate ni el consenso necesarios, lo que ha intensificado la inquietud en la oposición política, en los gremios empresariales y en organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta no tardó en llegar. Ejecutivos empresariales, legisladores de la oposición y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por lo que consideran una táctica para implementar una reforma tributaria de alto impacto en el país sin abrir espacio a la consulta ni ser transparentes. La alerta sobre la posible aprobación de la normativa en tiempos poco convencionales ha sido interpretada como una estrategia para impedir la movilización de la ciudadanía y evitar el rechazo en los medios, lo que ha incrementado la tensión en el ámbito político y social de Honduras.
Preocupaciones sobre el proceso legislativo
El anuncio de que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada en un “madrugón” legislativo ha sido interpretado por sectores opositores y productivos como una señal de falta de apertura y de debate democrático. Estos sectores han denunciado que el oficialismo busca evitar la discusión pública y el consenso, lo que consideran perjudicial para la democracia y la transparencia. La posibilidad de que la ley se apruebe sin el debido proceso ha sido calificada como un riesgo para la economía y para los derechos de los ciudadanos, generando un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los adversarios en el Congreso y los voceros del sector privado han manifestado que una modificación de tal magnitud no debería ser autorizada sin un estudio exhaustivo y sin la intervención de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría traer repercusiones perjudiciales para la nación, sobre todo si se utilizan procedimientos legislativos inusuales para eludir la supervisión pública.
Consecuencias económicas y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha sido criticada por varios sectores, los cuales alertan sobre sus posibles consecuencias adversas. Una de las mayores inquietudes es la eliminación de beneficios fiscales considerados esenciales para fomentar la inversión, lo cual, según los detractores, podría impactar negativamente a compañías productivas y a la industria agroindustrial. También se argumenta que la reforma podría poner en peligro un gran número de empleos, aumentar el costo de vida y conllevar al cierre de empresas.
En este contexto, entidades corporativas y del sector civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con el fin de evitar que la legislación se apruebe sin un procedimiento democrático adecuado. La inquietud principal es que una reforma de gran repercusión para el país no debería ser una “decisión inesperada”, sino que debe llevarse a cabo de forma clara y abierta, permitiendo que se escuchen todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la sociedad de Honduras.
