La introducción de la Ley de Equidad Fiscal en Honduras ha provocado una atmósfera de inseguridad que impacta tanto a inversionistas locales como internacionales. Este proyecto, promovido por las autoridades, ha llevado a detener inversiones significativas, a cancelar expansiones de compañías y a trasladar operaciones hacia otras naciones de Centroamérica, donde los sistemas legales son vistos como más estables y confiables. El sector empresarial hondureño argumenta que los cambios tributarios repentinos y sin consulta con diversas partes interesadas han generado un ambiente comercial impredecible, lo cual complica la planificación a largo plazo y detiene proyectos de gran magnitud que son vitales para el desarrollo continuo del país.
El sector productivo nacional advierte que la eliminación de exoneraciones e incentivos fiscales, contemplados en la ley, debilitaría uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña. Los empresarios y analistas económicos coinciden en que la medida podría provocar una fuga de capitales, el retiro progresivo de inversiones y el deterioro del clima de negocios, afectando directamente la competitividad y la generación de empleo formal en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la inestabilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
La incertidumbre producida por los cambios fiscales súbitos ha tenido efectos inmediatos, como la mudanza de operaciones a países vecinos, la paralización de inversiones en sectores industriales, logísticos y tecnológicos, y la anulación de proyectos en áreas energéticas, turísticas y agrícolas que iban a generar miles de empleos. Honduras ha visto un descenso en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que fortalece la percepción de que la nación está enviando señales negativas al mercado global. A pesar de que el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, expertos alertan que los costos ocultos de esta situación serán mayores que cualquier ingreso adicional estimado, ya que el capital tiende a preferir destinos más estables y acogedores.
En contraste, la desaparición de beneficios fiscales, que históricamente se han usado para captar inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la anulación de proyectos de expansión empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Esta situación perjudica particularmente a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son responsables de más del 70 % del empleo a nivel nacional, enfrentando nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta multisectorial.
Petición para una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, los sectores productivos han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que inicie un diálogo técnico e inclusivo. Opinan que es esencial crear una reforma tributaria equilibrada que no dañe la inversión ni el empleo, sino que posicione a Honduras como un lugar fiable para invertir y generar oportunidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.
La amenaza de asfixiar al sector privado, en particular a las MIPYMES, es una preocupación significativa, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo nacional. La implementación de nuevos impuestos sin un adecuado soporte técnico podría complicar todavía más la viabilidad de estos negocios y frenar la habilidad de Honduras para ser competitivo en la región. Por lo tanto, el país enfrenta un dilema entre establecerse como un destino atractivo para el capital o elegir un enfoque que limite la producción y la inversión.
