El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que gobierna desde 2022, se enfrenta a recientes acusaciones por promover cambios estructurales significativos sin llevar a cabo amplias consultas ni garantizar transparencia en el ámbito legislativo. Estas críticas emergen en un escenario de creciente tensión política e institucional, en el cual diversos sectores ponen en duda el enfoque del partido oficialista para impulsar su programa.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces del sector político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud debido a lo que perciben como una táctica de imposición legislativa del partido gobernante. Con la guía de la presidenta Xiomara Castro y protagonistas como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el correcto procedimiento en el parlamento.
Un tema discutido con frecuencia trata sobre la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que tendría notables repercusiones fiscales. Según las críticas, esta medida ha sido impulsada sin la divulgación de informes técnicos oficiales ni un diálogo extenso con las partes involucradas. Además, se señala la eventualidad de que la ley sea sometida a votación en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de las actas legislativas necesarias.
Expertos han señalado que la opacidad en este tipo de procedimientos se considera un peligro para la democracia institucional. Un analista en temas constitucionales consultado destacó que emplear métodos “dudosos e incluso ilegales” para implementar reformas fundamentales sin el apoyo político o técnico necesario constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Reacciones del sector privado y de la oposición política
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud ante estas acciones, señalando que pueden deteriorar la confianza en el ambiente de inversión, tanto dentro del país como a nivel global. En una etapa en la que Honduras se enfrenta a retos económicos como la falta de empleo y la paralización del crecimiento, el sector empresarial opina que estas decisiones legislativas pueden intensificar la inseguridad económica.
Desde la oposición parlamentaria también se han denunciado irregularidades. Diputados opositores aseguran que se han promulgado leyes en el diario oficial La Gaceta sin cumplir con los procedimientos establecidos, como la aprobación formal de actas legislativas. Esto, según sus declaraciones, vulnera el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso y compromete la legitimidad de las reformas adoptadas bajo esas condiciones.
El aumento de las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto con la separación de sectores importantes como el empresarial y las organizaciones civiles, muestra un incremento de la división en la gestión del poder legislativo, donde las interacciones políticas han sido sustituidas por enfrentamientos.
Cruzada institucional y papel de la ciudadanía
La situación actual genera preguntas sobre la estabilidad del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan los cambios legislativos refleja constantes fricciones entre el intento de cambiar la estructura impulsado por el gobierno y la exigencia de respeto a la legalidad, transparencia y participación que manifiestan diversos actores políticos y sociales.
El impulso de la sociedad civil organizada, junto con la vigilancia continua de los medios y las entidades observadoras, se destacan como aspectos fundamentales para limitar las acciones legislativas que puedan amenazar el orden democrático. La falta de acuerdos en reformas de gran impacto no solo incrementa la desconfianza hacia las instituciones, sino que también compromete la estabilidad gubernamental en una nación caracterizada por una institucionalidad débil y la tradicional ausencia de unidad entre las ramas del gobierno.
Dentro de este escenario, Honduras se enfrenta al desafío de establecer mecanismos de discusión y control parlamentario que aseguren que sus procesos sean legales y que integren a los sectores sociales que se ven afectados por las políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a cambios que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.
