La reciente publicación de un narcovideo en Honduras ha elevado las inquietudes respecto al desempeño del sistema judicial de la nación. Según un reporte emitido por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo revela conexiones entre individuos del narcotráfico y personas influyentes, sino que también ratifica un patrón alarmante: el uso de la justicia como instrumento político.
Modelos de inmunidad y caza selectiva
InSight Crime documenta un escenario donde la ley se aplica de manera dispareja. Mientras que ciertos acusados son visibilizados y enfrentan procedimientos legales acelerados, otros, con supuestos nexos con el gobierno en funciones, se mantienen fuera del radar de la justicia o cuentan incluso con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es reciente en el área, aunque en Honduras ha alcanzado un grado especialmente alarmante en los meses pasados.
El reporte analiza similitudes con dinámicas autoritarias presentes en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido tomado por intereses políticos para garantizar impunidad a seguidores y sancionar a disidentes. La situación en Honduras, como señala el centro de análisis, avanza en esa misma dirección, lo que pone en riesgo directamente al Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de supervisión internacional
Las reacciones al informe no se hicieron esperar. Dirigentes políticos de oposición, profesionales del derecho y defensores de derechos humanos han coincidido en señalar que la instrumentalización de la justicia pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático. La preocupación es compartida por actores internacionales, quienes han recibido solicitudes para monitorear el deterioro institucional del país.
Una fuente diplomática que fue contactada por InSight Crime alertó que Honduras podría dirigirse hacia una severa crisis de gobernabilidad si no se reestablecen las garantías básicas de independencia judicial. La creciente desconfianza de los ciudadanos, provocada por la falta de transparencia y la impunidad, ha reducido aún más la confianza en las instituciones.
En este escenario, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen vigilando el país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial justo e independiente, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con conveniencia política.
