La divulgación reciente sobre la falta de medidas por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ante quejas relacionadas con supuestas irregularidades en la financiera Koriun ha desatado un gran debate público en Honduras. El reconocimiento del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de acción institucional ante alertas oficiales, ha causado enojo entre los afectados y ha cuestionado la eficiencia de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El caso Koriun, que involucra a más de 35.000 personas perjudicadas, ha evidenciado la necesidad de fortalecer los controles regulatorios y de exigir responsabilidades a las autoridades competentes. La situación ha movilizado a sectores sociales, organizaciones civiles y representantes del sistema bancario, quienes buscan esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Inacción institucional y exigencias de los afectados
En una audiencia pública, el presidente de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales acerca de Koriun, pero no respondió rápidamente para indagar ni evitar los peligros. Esta afirmación provocó una serie de comentarios en redes sociales y plataformas ciudadanas, donde los perjudicados denunciaron la apatía gubernamental y demandaron explicaciones concretas. Los damnificados, muchos de los cuales perdieron sus ahorros y propiedades, culpan a la CNBS de grave negligencia y falta en sus responsabilidades institucionales, señalando que las advertencias fueron pasadas por alto intencionadamente.
El incidente ha avivado la discusión sobre la eficiencia de los mecanismos de advertencia temprana y fiscalización financiera en Honduras, así como sobre la posible existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber evitado una acción a tiempo. Grupos de consumidores y analistas han puesto en duda cómo un esquema calificado como piramidal logró funcionar durante tanto tiempo sin medidas de control adecuadas, a pesar de las denuncias oficiales presentadas.
Como reacción, los diputados de oposición comunicaron que presentarán una moción para examinar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su presidente para una interpelación oficial. Expertos en derecho constitucional han señalado que admitir inacción podría representar un delito de omisión en el desempeño de la función pública, dado el deber legal de intervenir ante indicios de actividad financiera fraudulenta.
Grupos ciudadanos han demandado la rápida intervención del Ministerio Público, así como una revisión autónoma sobre las actividades de la CNBS y el establecimiento de un fondo específico para resarcir a los perjudicados, empleando recursos confiscados a los causantes directos del fraude. Igualmente, se ha solicitado el apoyo de entidades internacionales para salvaguardar los derechos de los damnificados y prevenir la ausencia de castigo.
Situación de la industria bancaria y solicitud de acciones preventivas
En respuesta a la creciente inquietud de la población, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) junto a los bancos oficialmente establecidos en el país han dejado claro que no tienen relación con la financiera Koriun. De acuerdo con el sector bancario, Koriun no ha sido inspeccionada por la CNBS ni está integrada en el sistema bancario formal, por lo que las entidades bancarias no administraron fondos ni mantuvieron relaciones comerciales con esa institución.
Koriun apareció en las redes sociales como un sitio de inversión, prometiendo beneficios elevados, pero carecía de soporte legal y supervisión regulatoria. Hoy en día, está acusada de ser un esquema ponzi que habría recaudado ilegalmente millones de lempiras, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema financiero de Honduras ha reafirmado su dedicación a la transparencia, la legalidad y a salvaguardar los ahorros del público. También ha instado a la ciudadanía a que siempre confirme que las entidades financieras estén adecuadamente supervisadas por la CNBS antes de tomar decisiones de inversión, y a evitar ser engañados por promesas de enriquecimiento rápido sin garantías.
Finalmente, tanto AHIBA como los bancos afiliados han solicitado a las autoridades pertinentes que realicen una investigación exhaustiva del caso, apliquen sanciones a los culpables y promuevan campañas de prevención con el fin de prevenir estafas futuras, destacando la estabilidad y confianza del sistema bancario formal en Honduras.
