El enojo de los más de 35.000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es objeto de críticas debido a su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman desatención por parte de la entidad responsable de la supervisión financiera y señalan una carencia de reacción tanto en el campo judicial como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Nos prometieron investigar, prometieron acciones, pero la CNBS ha sido cómplice por omisión. Hoy seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», declaró uno de los afectados ante los medios. Este sentimiento de abandono es compartido por muchos, quienes se sienten engañados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según señalan, debieron haber intervenido antes.
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los principales reclamos de los afectados es la falta de transparencia por parte de la CNBS. A pesar de las denuncias formales y de las investigaciones en curso, el organismo no ha emitido un informe público que detalle las irregularidades cometidas ni los fallos en su regulación que permitieron la existencia de Koriun durante tanto tiempo. Esta opacidad ha alimentado la sospecha de que podría existir una protección política sobre algunos de los operadores financieros implicados en el fraude.
Diversos sectores del país han señalado que la CNBS no solo falló en detectar el fraude a tiempo, sino que también ha sido omisa al no proporcionar la información pertinente sobre el manejo de la situación. Según un abogado defensor de los afectados, esta falta de acción del organismo supervisor no hace más que agravar la situación: «Es insostenible que un organismo supervisor no haya detectado una estafa de esta magnitud a tiempo. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en dar la cara».
Solicitudes de acción internacional
Ante el vacío institucional y la creciente frustración entre los afectados, varios grupos de víctimas han decidido llevar su reclamo más allá de las fronteras nacionales. Organizaciones civiles y personas afectadas están solicitando formalmente el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. La intención de estas solicitudes es que estos organismos vigilen el manejo de la crisis y, en particular, la actitud de las instituciones hondureñas frente al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado tiene la responsabilidad de resguardar a la población, no de proteger a los defraudadores. Esto constituye un doble delito: el que llevó a cabo Koriun y el que perpetúa la CNBS al permanecer inactiva». Esta percepción ilustra la desconfianza hacia la habilidad de las autoridades del país para combatir el fraude y asegurar que se actúe con justicia.
La tensión institucional y el desafío de la gobernabilidad
El problema revela nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la equidad y claridad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la habilidad del Estado para gestionar crisis similares, lo cual podría tener consecuencias más amplias en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la administración del país.
Los afectados, mientras tanto, siguen esperando una resolución que les permita recuperar lo perdido y que garantice que los responsables del fraude sean juzgados. La falta de una acción eficaz y la opacidad que rodea el caso subrayan un desafío persistente para las autoridades hondureñas: cómo recuperar la credibilidad de los ciudadanos ante la creciente desconfianza en el manejo de crisis de este tipo.
