El general de división Roosevelt Hernández, quien ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un gran debate en los ámbitos político y social del país. Desde su nombramiento en diciembre de 2023, su dirección y comentarios han generado duras críticas, asociándolo con una posible politización de las fuerzas armadas y levantando dudas sobre la independencia de las diferentes ramas del gobierno.
Un soldado con experiencia y educación extensa
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera ha estado marcada por una formación robusta en ciencias militares y gestión empresarial, posicionándose como uno de los oficiales de mayor jerarquía en la nación. Desde que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel relevante en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Opiniones y respuestas en el núcleo del debate
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando dijo que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y acusaciones en su contra, especialmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». De acuerdo con varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración evidencia un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, debilitando la imparcialidad que se espera de las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
El accionar de Hernández ha generado una creciente preocupación entre diversos sectores de la sociedad hondureña. Defensores de derechos humanos y figuras políticas de oposición han exigido su destitución, acusándolo de actuar como parte de un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Especialmente se ha criticado su presencia en sesiones del CNE, un órgano cuya función debe mantenerse libre de influencias militares, y su presunta implicación en retrasos en la entrega de materiales electorales en las primarias de 2025. Estas acciones, según sus detractores, minan la confianza en la neutralidad de las instituciones del Estado y podrían comprometer la legitimidad del proceso electoral.
División y retos para las Fuerzas Armadas
Aunque ha recibido muchas críticas y llamados para que sea removido, Hernández continúa en su puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para enfrentar a sus detractores en el ámbito legal. No obstante, su continuidad al mando de la institución evidencia una polarización en aumento en el país en relación con el rol de los militares en la política.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.
