Las recientes afirmaciones del secretario privado presidencial, Héctor Manuel Zelaya, han desatado una nueva oleada de críticas en el panorama político hondureño, reavivando el debate sobre la controvertida Ley de Justicia Tributaria. En un contexto marcado por la polarización legislativa y la desconfianza entre fuerzas políticas, sus palabras han sido interpretadas como un indicio de posibles intentos por parte del oficialismo de avanzar con la reforma fiscal sin el respaldo parlamentario necesario ni un proceso transparente de deliberación.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que el Congreso Nacional podría aprobar la Ley de Justicia Tributaria «sin darse cuenta». Aunque no especificó métodos precisos, diversos grupos interpretaron sus palabras como una sugerencia de que el oficialismo, encabezado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría utilizar métodos no convencionales para impulsar la ley.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, perteneciente al Partido Liberal, mostró fuertes críticas hacia los comentarios realizados. Según su perspectiva, sugerir la promulgación de una normativa sin contar con el respaldo parlamentario requerido y fuera del procedimiento legislativo adecuado “es un atentado contra la institucionalidad”. Según su interpretación, estas propuestas reflejan una falta de apoyo técnico y social para un cambio de gran repercusión económica.
Respuestas del ámbito privado y expertos en la constitución
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también reaccionó al señalamiento de Zelaya, alertando sobre las posibles consecuencias económicas de aprobar una reforma tributaria sin un debate amplio y transparente. Según esta organización, un escenario de esa naturaleza podría incrementar la incertidumbre para la inversión privada y afectar la estabilidad económica del país.
Simultáneamente, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por sancionar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría resultar en desafíos de inconstitucionalidad. En concreto, enfatizaron que el principio de debate legislativo requiere transparencia, diálogo plural y adherirse a los mecanismos institucionales vigentes.
Aumento de la presión política y monitoreo por parte de la oposición
Como resultado de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas opositoras han manifestado que estarán en “alerta constante” ante intentos potenciales de presentar la ley durante sesiones legislativas extraordinarias o sin actas formalmente aprobadas. Esta advertencia surge en un escenario donde la presidencia del Congreso, bajo la dirección de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas que consideran irregulares en la sanción de leyes.
El disgusto público también se ha manifestado en plataformas de redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón logró gran notoriedad en poco tiempo, mostrando la inquietud frente a la probabilidad de que se apruebe una ley con repercusiones económicas y sociales significativas sin la inclusión informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de continua tensión institucional
La Ley de Justicia Tributaria continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la agenda del gobierno actual, enfrentando resistencias tanto por su contenido como por la forma en que se ha intentado introducir en el debate público. La polémica generada por las palabras de Héctor Zelaya no solo vuelve a centrar la atención en esta iniciativa legislativa, sino que pone de relieve las tensiones en torno a la gobernabilidad, la legitimidad de los procesos legislativos y la necesidad de mecanismos de diálogo efectivos.
En un entorno político caracterizado por la fragmentación y la desconfianza, cualquier iniciativa que pretenda modificar de forma sustancial el sistema tributario requiere, además del respaldo institucional, un proceso deliberativo que garantice la inclusión de múltiples voces y el respeto a los principios democráticos. La manera en que se conduzca este debate marcará un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.
