El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una intensa discusión entre el sector privado, organizaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de reforma fiscal, promovida por el actual gobierno, ha sido vista por líderes empresariales como una amenaza directa a la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido cruciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar a una serie de cierres y despidos masivos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa sobre Justicia Tributaria prevé suprimir diversos regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales, impactando en más de diez sectores productivos, como zonas francas, turismo, energía renovable y manufactura. Según cifras del sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de trabajos indirectos se sostienen gracias a estos regímenes, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos incentivos podría desencadenar el cierre de fábricas, talleres, comercios y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin empleos formales y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en sectores como el turístico, el manufacturero y el agroindustrial. Por ejemplo, dentro del sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos laborales y más de 733 millones de dólares en ventas al exterior, mientras que en el turismo, la repercusión podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Adicionalmente, el incremento en los costos de operación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su sobrevivencia en el mercado, exacerbando así la problemática de desempleo y subempleo en el país.
Impacto social y soluciones alternativas del ámbito privado
La transformación social derivada de la reforma se percibe como definitiva, con el peligro de incrementar la pobreza, el desplazamiento forzado y la desconfianza tanto dentro como fuera del país. La expansión del trabajo informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían degradar el nivel de vida y la recaudación fiscal, impactando a toda la población de Honduras. La inquietud de los empresarios abarca el efecto en cadena sobre la estabilidad social, advirtiendo que la eliminación de fuentes de empleo podría llevar a una mayor pobreza en la nación.
Frente a esta situación, el sector privado ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los hondureños, reactivar la economía y fomentar la creación de empleo. Asimismo, proponen que en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo inspecciones y auditorías a las empresas con exenciones fiscales que tengan irregularidades, utilizando las facultades que la legislación actual ya permite. El sector empresarial recalca la importancia de mantener un diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener efectos irreversibles en el desarrollo económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Fiscal sigue siendo acalorada, con urgentes peticiones al Congreso Nacional para analizar detenidamente el contenido de la ley y prevenir decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.
