La reciente sanción de cambios al Código Penal de Honduras ha despertado preocupaciones en diversos círculos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un escenario donde se acercan las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El diálogo se ha intensificado frente a la idea de que estas reformas podrían ser empleadas para restringir el derecho a protestar y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
La Asamblea Nacional implementó modificaciones que endurecen las sanciones para delitos relacionados con la protesta ciudadana, sobresaliendo la inclusión del artículo 378-A. Esta normativa estipula que cualquier acto de protesta realizado por dos o más individuos podría resultar en un incremento de la pena de cárcel, que se establece entre seis y diez años, además de la inhabilitación total. Entidades de derechos humanos y voceros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas reformas para penalizar manifestaciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en la legislación penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las modificaciones al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento de las penalidades para aquellos involucrados en manifestaciones colectivas ha sido percibido como un potencial método para desalentar la movilización social. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas normativas podrían utilizarse para restringir la participación social y el uso de derechos esenciales. La alarma se intensifica considerando la posibilidad de que estas normativas se usen en escenarios de tensión política o electoral, donde las protestas ciudadanas suelen incrementarse.
La vivencia de las votaciones de 2017, donde se informaron arrestos injustificados y represión de protestantes, intensifica el miedo de que escenarios parecidos puedan repetirse con la nueva normativa. En este ambiente, colectivos ciudadanos y figuras políticas han alertado sobre el peligro de que convertir la protesta en un delito se torne en un medio para controlar la disidencia y limitar la involucración ciudadana en procesos políticos importantes.
Reacciones internacionales y llamados a la revisión
La inquietud por el efecto de estas modificaciones ha cruzado las fronteras del país. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las nuevas normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han solicitado al Gobierno revisar las enmiendas para garantizar que no se afecten los derechos esenciales de la ciudadanía.
En esta situación, sobresale la relevancia de asegurar el respeto hacia los derechos humanos y prevenir que la normativa penal se use como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. El diálogo en torno al alcance y la implementación de estas reformas sigue activo, mientras varios sectores recalcan la necesidad de revisar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.
