En Honduras, la coyuntura política y social ha despertado preocupaciones importantes por las acusaciones de una posible represión política hacia detractores y comunicadores críticos de la presidenta Xiomara Castro. Varias entidades de derechos humanos y grupos políticos han expresado su inquietud ante lo que perciben como un incremento en las medidas destinadas a restringir la participación política y la libertad de expresión. Estas acusaciones destacan el empleo del sistema judicial para levantar cargos contra legisladores contrarios al gobierno y en campañas de intimidación contra medios de comunicación no alineados.
Estas acusaciones se desarrollan en un entorno en el que la libertad de prensa y la implicación política son componentes esenciales para el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los derechos humanos. La situación ha generado solicitudes a entidades internacionales para que actúen y vigilen el cumplimiento de las garantías constitucionales y la defensa de las voces críticas en la nación.
Denuncias de hostigamiento político y judicial hacia los opositores
El Partido Nacional ha afirmado que el gobierno podría estar utilizando el poder judicial para presentar acusaciones infundadas contra legisladores de la oposición, con el objetivo de desacreditarlos y culparlos de la falta de designación de nuevas autoridades en el Ministerio Público. Esta circunstancia ha llevado a solicitar la mediación de entes internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar el respeto a las libertades y garantías constitucionales. Además, el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) ha declarado una presunta persecución política del Ejecutivo, sosteniendo que estas medidas buscan acallar a las fuerzas opositoras y afianzar la dominación del partido en el gobierno.
Estos reclamos evidencian un ambiente de fricción política donde la oposición siente que su intervención está siendo restringida y que se utiliza el poder estatal para impactar su reputación y eficacia operativa. La ausencia de conversaciones y los enfrentamientos institucionales podrían influir en el funcionamiento democrático de la nación, particularmente en un marco electoral y de consolidación institucional.
Acoso y limitaciones a la libertad de los medios
Simultáneamente, entidades enfocadas en proteger la libertad de prensa han observado un incremento en los ataques verbales y campañas de difamación dirigidas hacia periodistas y medios críticos del gobierno. Altos funcionarios han utilizado expresiones despectivas al hablar de la prensa independiente, creando un clima hostil que podría incentivar la autocensura entre los comunicadores. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado situaciones de acoso, amenazas y hostigamiento contra periodistas que investigan asuntos delicados como la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Estos casos se han comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha expresado inquietud por el debilitamiento de la libertad de expresión en Honduras. La condición plantea desafíos significativos para la democracia, ya que la libertad de prensa es un elemento crucial para la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana. El resguardo de los periodistas y el respeto a su trabajo son considerados aspectos importantes para el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
