La ONU ha solicitado con urgencia al Gobierno de Honduras que elimine el estado de excepción actual antes de las elecciones generales planeadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo global, extender esta medida extraordinaria supone un peligro directo para el ejercicio de derechos fundamentales, restringiendo libertades vitales como el libre tránsito, la reunión y las protestas pacíficas. La ONU señala que sostener un estado de excepción sin la supervisión adecuada podría impactar negativamente la credibilidad del proceso electoral y el entorno democrático de la nación.
En su declaración, la institución enfatiza que las elecciones deben realizarse en un ambiente sin intimidación ni restricciones injustificadas. La prolongación del estado de emergencia podría provocar un ambiente de temor incompatible con un proceso electoral transparente y equitativo, además de incrementar el riesgo de abuso de poder y restringir la movilización de actores políticos y sociales. Por tanto, se hace un llamado al pleno restablecimiento de las garantías constitucionales para asegurar condiciones de participación justas.
Peligros relacionados con el estado de emergencia durante el periodo electoral
Varias organizaciones de derechos humanos relacionadas con el sistema de las Naciones Unidas han indicado que el mantenimiento del estado de excepción en Honduras aumenta el peligro de acciones autoritarias y repercute directamente en la participación política de grupos opositores y entidades civiles. La restricción de derechos como la protesta y la asamblea pone en riesgo el crecimiento democrático, especialmente en un contexto de elecciones.
La representante en derechos civiles y políticos ha enfatizado que la convivencia entre democracia y represión es insostenible. La prolongación del estado de excepción podría debilitar la legitimidad del proceso y erosionar la confianza del pueblo en las instituciones responsables de asegurar elecciones libres.
Exhorto a asegurar unas elecciones limpias y abiertas
Ante esta situación, las Naciones Unidas han instado a los responsables en Honduras a reintegrar completamente los derechos constitucionales que fueron suspendidos y asegurar la libertad de expresión, protesta y movilización ciudadana durante las elecciones. También han destacado la necesidad de reforzar la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) como organismo autónomo y facilitar la supervisión nacional e internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
La entidad global determina que avanzar hacia elecciones legales no es factible bajo un estado de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática de la nación, es esencial eliminar esta medida extraordinaria y fomentar una participación ciudadana activa, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
