En los últimos tiempos, el escenario político en Honduras ha estado influenciado por la activación ciudadana en apoyo a la diversidad democrática y la participación política inclusiva. En la capital, un variado grupo compuesto por integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, dirigentes de comunidades y ciudadanos autónomos se reunió frente a la sede legislativa para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito central de esta protesta fue demandar protección absoluta y consideración para los partidos políticos de menor tamaño en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025. La vigilia, señalada por la utilización de velas y carteles, funcionó como una reacción simbólica frente a lo que los asistentes interpretan como un riesgo al sistema de múltiples partidos, en un contexto de acusaciones de presiones, bloqueos administrativos y marginalización en medios hacia los partidos nuevos.
La manifestación sirvió también como plataforma para criticar acciones que, según los participantes, restringen la participación justa en las discusiones públicas, establecen barreras injustificadas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desvalorizan a los grupos no convencionales. Además, mencionaron el uso de fondos públicos para favorecer a los partidos en el poder. Durante el evento, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando condiciones equitativas, transparencia en el acceso a medios estatales y protección contra el hostigamiento político a candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El proceso electoral en Honduras para 2025 se lleva a cabo en medio de una notable tensión y polarización. Las elecciones primarias, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios se vieron afectados por demoras sustanciales en la distribución de los materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que facciones de la oposición señalaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial, por presunta manipulación de los eventos.
Dentro de este contexto, los partidos nuevos han expresado críticas hacia iniciativas legislativas que intentan adelantar la fecha tope para entregar las planillas, lo cual ven como una acción que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas medidas se suman a las quejas sobre el uso desigual de fondos públicos y la carencia de acceso equitativo a los medios de comunicación del Estado. La inquietud de la sociedad civil y de los partidos más pequeños se centra en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se afiancen de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Reacciones institucionales y demandas ciudadanas
La manifestación ante el Congreso Nacional destacó la participación activa de la ciudadanía en el proceso democrático. Los participantes entregaron oficialmente sus peticiones a las autoridades electorales, demandando igualdad de condiciones para todos los partidos registrados y asegurando la transparencia en la asignación de espacios en los medios públicos. También solicitaron una protección adecuada contra el acoso político, especialmente hacia candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por la polarización y momentos de crisis interna, como la disputa en la selección de la junta directiva y la división de bancadas. En este entorno, la opinión pública ha percibido un aumento de prácticas que benefician a los partidos tradicionales y complican la entrada de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de monitorear y proteger los espacios de libertad y participación política, enfatizando que la diversidad es fundamental para la democracia en Honduras.
