El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Dentro de la sociedad hondureña, ha habido un aumento de inquietud debido a varias iniciativas del gobierno que indican una alarmante degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de libertades civiles básicas, cruciales para el ejercicio completo de los derechos ciudadanos, hasta la puesta en marcha de estrategias que intentan aumentar el control sobre los medios de comunicación, elementos fundamentales en la creación de la opinión pública y la supervisión del poder.
A esto se suma la percepción de una estrategia deliberada para consolidar el poder en las diversas instituciones del Estado, lo que podría traducirse en un debilitamiento de la separación de poderes y, por ende, de los mecanismos de control y equilibrio necesarios en un sistema democrático saludable. La convergencia de estas tendencias ha generado un clima de incertidumbre y temor entre diversos sectores, quienes ven en estas acciones un patrón que podría conducir a un régimen con características autoritarias.
Amenazas a las libertades fundamentales: protesta, prensa y fuerzas armadas
Entre las medidas polémicas se destaca la supuesta penalización de las manifestaciones sociales, ya que se ha señalado el impulso de normativas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el procesamiento legal de personas que protestan, incluso en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han mencionado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de fuerzas policiales y amenazas de enjuiciamiento a colectivos sociales críticos del gobierno.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Los periodistas y los medios críticos han enfrentado campañas de difamación, restricciones en el acceso a información pública, presiones fiscales, legales y publicitarias, así como agresiones e intimidaciones físicas. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su preocupación ante el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un tema controvertido adicional es la situación dentro de los cuerpos militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación selectiva de oficiales que no están alineados con la política del partido en el poder, así como el desarme parcial o el traspaso de funciones estratégicas a líderes afines al gobierno. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
El dilema democrático hondureño
Las medidas en contra de los medios informativos y la comunidad civil buscan acallar las voces críticas, al mismo tiempo que indican un plan más extenso para desmantelar las estructuras democráticas y centralizar un poder dominante.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
Los comicios generales de 2025 se presentan como un punto crítico para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un modelo autoritario o defender la estructura democrática institucional.
