La crisis generada por la estafa piramidal masiva de la financiera Koriun Inversiones ha escalado en las últimas semanas, con protestas ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que exigen acciones concretas del gobierno hondureño. Afectados de distintas regiones del país acusan inacción institucional ante un caso que ha dejado pérdidas millonarias a más de 35.000 personas. La respuesta del Estado, hasta ahora limitada, ha intensificado la crítica pública y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y sancionar fraudes de esta magnitud.
Cuestionamiento de informes públicos e institucionales
Las protestas recientes destacaron por las consignas enfocadas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en organizaciones del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan señalado culpables de forma clara.
Una de las mayores críticas se centra en la CNBS. Los manifestantes alegan que este organismo regulador fue notificado formalmente sobre las actividades irregulares de Koriun, pero no tomó acciones preventivas ni correctivas. Estas revelaciones han intensificado la percepción de un posible descuido institucional, aumentando así la desconfianza hacia la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de rendición de cuentas penales
Los perjudicados también han desestimado sugerencias informales que plantean el uso de dinero del estado para reponer las pérdidas causadas por el engaño. La propuesta de emplear dinero público ha sido considerada por los manifestantes como una acción inadecuada que transferiría la carga del fraude a toda la ciudadanía, en lugar de buscar a los culpables directos y a quienes colaboraron en la estafa piramidal.
Durante las manifestaciones, muchas pancartas mostraron la oposición al método utilizado por los gobernantes. Frases como “El Gobierno tiene responsabilidad también” y “Koriun engañó, el Estado lo ocultó” indican una narrativa donde tanto los autores del fraude como las entidades de supervisión y justicia tienen parte de la culpa por la falta de acciones rápidas.
Al mismo tiempo, la ausencia de avances visibles en el Ministerio Público ha generado críticas de sectores ciudadanos que perciben una falta de voluntad política para llevar el caso a una resolución judicial efectiva. La pasividad de la Fiscalía frente a un caso de alto impacto social e institucional ha abierto un nuevo frente de tensión entre la sociedad civil y el aparato judicial.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El conflicto ha evidenciado no solo la magnitud del fraude, sino también las debilidades estructurales en la regulación de entidades financieras informales y la escasa capacidad de respuesta ante delitos económicos de gran escala. El caso Koriun ha puesto en el centro del debate nacional la necesidad de reformas que fortalezcan los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza institucional.
Una visión dominada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra un contexto en el que las demandas ciudadanas de equidad chocan con la lentitud de las instituciones. La incertidumbre sobre el uso de los fondos, la rendición de cuentas de los involucrados y la función de las agencias reguladoras ha puesto al Estado en el centro de la atención crítica. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no se limita a solucionar el caso, sino también a renovar la confianza del público en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos económicos de los ciudadanos en un país donde los sistemas de supervisión todavía son débiles.
