El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que se presentó el proyecto de ley, se han registrado cierres de empresas pequeñas y medianas, especialmente en los campos textil, logístico y exportador, que funcionaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las maquilas han comenzado a despedir personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las causas principales. Esta situación amenaza miles de puestos de trabajo y podría empeorar si la propuesta no se ajusta o se detiene. El COHEP también indica que el crecimiento económico podría sufrir una desaceleración significativa en el año siguiente a la implementación de la ley, y que el incremento en el desempleo y la informalidad serían consecuencias inevitables de su aplicación.
Escenario regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
El diálogo sobre la reforma de la Ley de Justicia Fiscal se lleva a cabo en un contexto específico, tanto a nivel regional como político. La supresión de los beneficios tributarios podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana preservar mecanismos efectivos para atraer inversiones y mantener estabilidad económica, vistos como elementos cruciales para su competitividad. Este escenario podría impactar la posición de Honduras en la región de Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a potenciales inversores como a los actuales, quienes podrían decidir trasladar su capital a naciones que ofrecen condiciones empresariales más ventajosas.
La situación política e ideológica ha impactado en cómo se ve el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales perciben la narrativa oficial del gobierno como opuesta al sector empresarial y en sintonía con modelos económicos que han llevado a cambios estructurales en otros países de la zona. Esto aumenta el miedo a una posible modificación del modelo económico del país sin un plan técnico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El plan no introduce nuevas cargas fiscales ni aumenta las tarifas ya establecidas, sino que busca cerrar vacíos legales y mejorar la captación de ingresos fiscales directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recolección de impuestos. No obstante, la supresión de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente por cuatro décadas, podría forzar el cierre de muchas compañías que dependen de este modelo. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que perjudica la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se encuentra ante un significativo reto en su economía
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria sigue sin resolverse y está dividido. Algunos opinan que podría establecer un sistema impositivo más justo y equitativo, mientras que otros temen que su aprobación empeore la situación económica, incremente el desempleo y cause fuga de inversiones. La determinación definitiva en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
