A poco más de doce meses de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que describen como indicios tempranos de una estrategia dirigida a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias se originan de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes están observando una serie de movimientos del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Dentro de los temas más destacados está el empleo constante de discursos oficiales que sugieren un potencial fraude sin ofrecer evidencias tangibles. Estas afirmaciones apuntan a grupos económicos, medios de comunicación y actores internacionales como presuntos complotadores contra el gobierno, lo cual para ciertos analistas constituye un esfuerzo por crear la percepción de manipulación electoral en el supuesto de perder en las elecciones.
La historia, de acuerdo con analistas, parece tener una doble meta: invalidar por adelantado cualquier resultado adverso y, al mismo tiempo, promover un clima de desconfianza generalizada hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos institucionales y dudas sobre el juez electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Paralelamente, se ha señalado un incremento de procesos judiciales contra figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas acciones son interpretadas por sectores opositores como mecanismos de presión que podrían limitar el debate público y la movilización ciudadana en un contexto preelectoral.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Preocupación por la participación y la estabilidad democrática
La mezcla de relatos sobre fraude, procesos judiciales contra opositores y limitaciones institucionales ha despertado inquietud en distintos grupos acerca de la posible desmovilización del electorado contrario. De acuerdo con especialistas, esta situación podría llevar a la abstención, desinterés o incluso a escenarios de conflicto después de las elecciones si uno de los lados cuestiona o no acepta el resultado.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Exigencias de asegurar la claridad y el respeto al proceso
Varias entidades tanto locales como globales han realizado declaraciones pidiendo al gobierno de Honduras compromisos sólidos en cuanto a la transparencia en los procesos electorales. Sobresale la importancia de adherirse al cronograma electoral sin alteraciones, evitar la intervención política en las instituciones electorales y judiciales, y reconocer públicamente los resultados, independientemente de cuál sea el resultado.
Organismos tales como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de vigilancia ciudadana han expresado su voluntad de apoyar el proceso, a la vez que piden que se permita una observación internacional extensa, anticipada y neutral. La expectativa de estas entidades es que Honduras asegure un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente, sin presiones ni restricciones institucionales.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática
El contexto electoral en Honduras hacia el año 2025 se vislumbra como un momento crucial para la solidez institucional de la nación. Las alertas expresadas por múltiples sectores destacan una inquietud generalizada sobre la eventual influencia de intereses políticos en el proceso.
Ante la fragilidad del sistema democrático y el historial de crisis poselectorales en el país, el desafío central radica en asegurar un proceso transparente, con garantías para todos los actores, y que derive en un resultado aceptado por la ciudadanía. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del voto, sino del respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.
