Diversos voceros del sector privado en Honduras manifestaron inquietudes respecto a la eventual aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Ejecutivo que está siendo debatida en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría cambiar significativamente el panorama económico de la nación. Estas advertencias surgen en un contexto caracterizado por una ralentización económica y un incremento en las exigencias sociales, lo que ha aumentado la discusión sobre el rol del Gobierno en el ámbito fiscal.
Postura empresarial ante la iniciativa gubernamental
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un representante del COHEP indicó que, si se implementa, la regulación podría crear un ambiente desfavorable para la inversión, con efectos como despidos en gran escala, aumento en los precios y traslado de compañías hacia mercados con regulaciones más estables. Las objeciones se enfocan sobre todo en la supresión de beneficios fiscales que, de acuerdo con los industriales, han sido esenciales para el desarrollo de áreas como las zonas libres, la agroindustria y la producción.
Impactos esperados en trabajo, costos y competitividad
El ámbito corporativo señaló tres consecuencias principales que, según su evaluación, resultaría de la aplicación de esta normativa:
- Disminución del trabajo formal: compañías que actualmente funcionan bajo regímenes especiales de exoneración podrían verse obligadas a reducir personal o cerrar sus actividades debido al aumento en sus costes. Las áreas económicas más sensibles serían aquellas orientadas hacia la exportación y las situadas fuera de los principales centros urbanos.
- Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura fiscal conllevaría, según estimaciones privadas, un incremento en los precios de bienes esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos. Esto afectaría principalmente a las personas de menores ingresos, ya que los nuevos costes se trasladarían al consumidor final.
- Deslocalización de capital y talento: otra preocupación es la posible salida de empresas e inversiones hacia países cercanos con regulaciones consideradas más estables. Esta tendencia, advierten, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de causar una pérdida notable de empleo calificado.
Exigencias de diálogo y revisión legislativa
En este contexto, diversas industrias solicitaron al Congreso Nacional detener el avance de la ley hasta no establecer espacios para un diálogo técnico y participativo. Los representantes del ámbito privado expresaron que una reforma fiscal necesita un amplio consenso y un análisis de impacto, especialmente en un escenario económico caracterizado por una elevada informalidad y escasa recaudación.
Asimismo, pidieron a los ciudadanos que se informen acerca de la propuesta y que demanden que las decisiones fiscales no impacten negativamente en las oportunidades laborales ni en la competitividad del país. “Lo que está en riesgo no es un privilegio, sino el sustento de muchas familias”, manifestó un portavoz del sector empresarial.
Conflictos en instituciones y retos financieros
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en medio de una tensión entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de manifiesto un conflicto subyacente sobre el modelo de desarrollo que se debe adoptar para el país. Mientras el Ejecutivo defiende la revisión de los sistemas fiscales con el fin de disminuir la desigualdad y aumentar los ingresos gubernamentales, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin un acuerdo técnico ni certeza jurídica.
Este episodio evidencia los desafíos que enfrenta Honduras para equilibrar sus objetivos de justicia tributaria con la necesidad de mantener condiciones propicias para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un entorno marcado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate en torno a esta ley pone en relieve la urgencia de construir mecanismos de concertación y diálogo social sostenido.
