La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el líder Gustavo Petro ha declarado públicamente que los empresarios operan como «evasores disfrazados de inversionistas», utilizando esto como justificación para su reforma tributaria. De manera comparable, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema fiscal empresarial, aunque las propuestas económicas constitucionales han sido rechazadas en votaciones populares.
Opiniones y alertas desde la iniciativa privada
Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.
El mensaje se ha replicado en redes sociales oficiales, medios públicos y espacios legislativos, donde se promueve la idea de que los grandes capitales deben “devolver lo que deben al pueblo”. Esta retórica, según expertos, fomenta una percepción adversa del aparato productivo, a quien se acusa de beneficiarse indebidamente de marcos fiscales que en muchos casos fueron diseñados para atraer inversión en contextos de bajo crecimiento.
Un dilema regional entre estructura económica y división
El progreso de estas reformas fiscales se alinea con un momento de mayor división política y retos económicos en América Latina. Analistas locales señalan que las transformaciones en materia fiscal promovidas por estos gobiernos no solo alteran el sistema de ingresos del Estado, sino que también podrían poner en riesgo el equilibrio entre la inversión privada y la intervención gubernamental. En este escenario, la promoción de una «equidad fiscal» se transforma, para ciertos participantes, en una herramienta para afianzar poder político a través del debilitamiento de balances económicos.
Más allá del impacto inmediato en la recaudación o en las finanzas públicas, la controversia apunta a un dilema más profundo: preservar un marco que incentive la inversión y el empleo, o avanzar hacia un modelo fiscal centrado en la redistribución desde el aparato estatal, aun si eso implica tensiones con el sector productivo.
Conflicto entre la gobernabilidad y el equilibrio económico
La orientación fiscal de varios gobiernos latinoamericanos refleja un cambio en el enfoque del rol del Estado frente a la economía. Si bien las reformas buscan responder a demandas históricas de equidad, su aplicación bajo un discurso confrontativo y sin consensos amplios plantea riesgos para la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional. En este escenario, el reto para la región radica en encontrar un equilibrio que permita responder a las urgencias sociales sin erosionar los fundamentos de crecimiento y empleo que sostienen su tejido económico.
