Diversas organizaciones ciudadanas interpusieron este lunes una denuncia formal contra el Gobierno de Honduras ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, en la que señalan un presunto uso indebido de recursos públicos para beneficiar al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La acusación se produce en un contexto de creciente tensión institucional y a pocos meses de un nuevo proceso electoral.
Acusaciones documentadas y dirigidas al Ejecutivo
Las organizaciones denunciantes, agrupadas bajo plataformas como el Observatorio Ciudadano por la Transparencia, aseguran contar con pruebas que vinculan directamente a funcionarios y entidades estatales en actividades proselitistas. Según explicaron, entre los elementos presentados figuran fotografías, grabaciones en video y documentos que demostrarían el uso de vehículos oficiales, personal público y programas sociales para promocionar al partido de gobierno.
Entre las entidades destacadas en la acusación se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Según las asociaciones, se sospecha que esta institución está destinando recursos hacia acciones de índole electoral. Además, se han informado sobre equipos del gobierno que distribuyen asistencia social utilizando símbolos de partidos políticos, lo cual ha provocado inquietudes respecto a la imparcialidad del sistema estatal durante la etapa previa a las elecciones.
Solicitudes de indagación y aviso de recurrir a entidades globales
Durante la presentación de la denuncia, voceros de la sociedad civil instaron al Ministerio Público a iniciar una investigación inmediata, subrayando la gravedad institucional del caso. «Fondos destinados a programas sociales y obras públicas están siendo utilizados para alimentar la maquinaria electoral de LIBRE», declaró Miriam Díaz, portavoz del Observatorio. En la misma línea, el abogado César Medina, asesor legal de los denunciantes, calificó el hecho como “corrupción electoral con dinero de los hondureños”.
Ante la posibilidad de inacción por parte de las instituciones competentes, las organizaciones advirtieron que recurrirán a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para solicitar acompañamiento y veeduría. El argumento central de esta medida es la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral previsto para noviembre, que podría verse afectado si no se garantiza la separación entre recursos estatales y propaganda partidaria.
Escenario de falta de confianza en las instituciones y elecciones próximas
La denuncia se produce en un escenario político marcado por cuestionamientos a la gestión pública, tensiones entre los poderes del Estado y señalamientos recurrentes sobre el uso discrecional de fondos públicos. En este clima, el llamado de las organizaciones de sociedad civil apunta a reforzar los mecanismos de control institucional y evitar que el aparato estatal sea utilizado para favorecer intereses políticos particulares.
La proximidad de las elecciones añade un componente crítico a estas acusaciones, en tanto que la confianza en el proceso electoral depende en gran medida de la percepción de imparcialidad y legalidad en la utilización de los recursos públicos. El señalamiento directo al Ejecutivo y a instituciones clave como SEDESOL plantea desafíos para los órganos contralores del Estado, cuya capacidad de actuación autónoma será puesta a prueba ante el escrutinio público.
Panorama institucional en tensión
El caso evidencia las dificultades persistentes en la construcción de un sistema político que garantice la transparencia en el manejo de los recursos estatales, especialmente en periodos electorales. La denuncia de la sociedad civil no solo interpela al Gobierno, sino también al conjunto de instituciones encargadas de velar por la legalidad y la equidad democrática.
A medida que se acerca el proceso electoral, la presión sobre los entes de control aumentará, en un contexto donde la demanda por elecciones limpias y libres de injerencias partidarias se ha convertido en un reclamo recurrente de distintos sectores sociales. El seguimiento a esta denuncia será clave para evaluar la capacidad institucional de respuesta ante prácticas que comprometen la legitimidad democrática.
