La imposición obligatoria del reconocimiento biométrico para usuarios de servicios móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, abarcando el ámbito político, jurídico y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dicta que los ciudadanos deben autenticar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. De no cumplir con esta disposición, existe el riesgo de perder los números actuales, lo que ha generado preocupación entre la población y diversos sectores.
El procedimiento de autentificación biométrica implica que los usuarios deben enviar una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI), para confirmar su identidad. Según CONATEL, esta acción tiene como objetivo luchar contra crímenes como la extorsión y el empleo de líneas telefónicas sin identificar, que complican el trabajo de las autoridades. No obstante, esta medida ha suscitado dudas sobre su legalidad, transparencia y posibles consecuencias para la privacidad de las personas.
Disputas legales y políticas sobre la autenticación biométrica
Diversos actores políticos y sociales han expresado su preocupación respecto a la legalidad y el manejo de los datos biométricos recolectados. El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha señalado que la medida carece de un respaldo legal adecuado, calificándola como «completamente ilegal» y recomendando a la ciudadanía no cumplir con la disposición hasta que exista un marco normativo claro que regule la recolección y uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja un debate sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Por otra parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el uso potencial de datos biométricos con fines políticos, particularmente durante un año electoral. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para gestionar información biométrica, lo cual genera dudas sobre la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud acerca de la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
En su defensa, el líder de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la disposición afirmando que es legítima, clara y compasiva. También ha rechazado que la autentificación biométrica tenga propósitos electorales y ha explicado que el proceso es administrado por las empresas de telecomunicaciones, en lugar de ser manejado por el gobierno directamente. Además, ha garantizado que no se está estableciendo una nueva base de datos estatal y que la información recopilada no será usada con fines diferentes a los especificados, buscando con esto despejar las incertidumbres sobre la gestión de los datos.
Visión y futuros pasos en la discusión sobre la autenticación biométrica
CONATEL fue citada para presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025, con el fin de exponer los aspectos técnicos y legales relacionados con la validación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar las inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la transparencia del proceso, y podría afectar la continuidad o el posible ajuste de la medida.
La discusión pública ha generado un extenso debate en plataformas sociales y foros comunitarios, donde numerosos usuarios manifiestan su insatisfacción e inquietud acerca de la posible violación de su privacidad y la falta de transparencia en la implementación. Algunos han llegado a declarar su intención de no seguir con la validación, poniendo en duda la capacidad de las autoridades para desconectar millones de líneas telefónicas sin causar un impacto significativo en las comunicaciones del país.
